La polémica por el contrato de los pasaportes continúa. Este lunes, el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, firmó una resolución que tumbó las pasadas decisiones del canciller suspendido Álvaro Leyva relacionadas con este proceso y finalmente se le adjudicó el millonario contrato a la empresa Thomas Greg & Sons.
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A Salazar el pasado viernes el canciller (e) Luis Gilberto Murillo le reasignó las funciones de estar al frente de la nueva licitación que se abrió después de que Leyva declaró desierta la original.
El comunicado de la Cancillería fue claro. El 23 de febrero señalaron que Murillo adoptó dos medidas relacionadas con el proceso. Una de ellas fue "reasignar la competencia para dirigir el proceso licitatorio sobre pasaportes, así como los trámites administrativos, presupuestales, jurídicos y en general, todos los actos relacionados con el mismo, a la Secretaría General".
Esto le dio potestad a Salazar de retomar el liderazgo que había perdido desde el año pasado cuando Leyva lo apartó del proceso, pues la postura del secretario fue la de adjudicar el contrato, contrario a lo que pedía del presidente Gustavo Petro.
El secretario, entonces, adjudicó el contrato este lunes 26 de febrero, pero pocas horas después el jefe de Estado reaccionó y además de señalar que Salazar "traicionó" al Gobierno, lo declaró insubsistente "de forma inmediata" a Salazar y manifestó que el contrato es corrupto.
"El contrato es corrupto y aquí esta metida la capacidad de la empresa particular en todo los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada", aseguró el Presidente. Luego dijo que "Toda la investigación penal debe desarrollarse".
Su postura ha generado dudas de qué pasará ahora con el contrato, especialmente después de que señaló que Salazar debe salir del cargo y de que el contrato tiene, según él, irregularidades.
Pese a esto, expertos consultados por EL TIEMPO señalaron que la entrega de la licitación firmada por Salazar está en firme, ya que la resolución que se firmó es el acto con fuerza de legalidad en este momento.
También manifestaron que lo que procedería ahora es una demanda que, sin embargo, el presidente Petro no anunció en su mensaje.
Por ahora, Salazar, en declaraciones a Noticias Caracol, indicó que seguirá en su cargo y que apelará a algunos recursos para mantenerse en esa posición.
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Dijo que la insubsistencia inmediata que ordenó el jefe de Estado “no es aplicable, el acto administrativo tiene un recurso que es de reposición y haré uso de ese recurso”, anunció.
No obstante, advirtió que desde el anuncio del primer mandatario les fueron bloqueadas sus cuentas de acceso al Secop II, plataforma en la que se publican los procesos de contratación en el país.
También insistió en que no hay marcha atrás con la adjudicación. “Ya se hizo, la Cancillería queda sin problemas de ninguna clase y los colombianos tendrán pasaporte. La licitación se hizo con todas las garantías legales”, expresó Salazar.
Aura Saavedra
REDACCIÓN POLÍTICA
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