Las negociaciones entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), proceso que es la piedra angular de la política de ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro, han quedado en suspenso. La decisión del comando central de esa guerrilla de llamar a consultas a su delegación, al tiempo que amenazan con poner la mesa en estado de congelamiento, generó una nueva crisis en un proceso que, después de 15 meses, no logra estabilizarse.

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Lo que está en juego es el proceso de diálogo que, pese a que ha experimentado varios episodios que han puesto a tambalear la mesa, como el secuestro de Luis Manuel Díaz o los paros armados en el Chocó, cuenta ya con 26 acuerdos, entre ellos los relacionados con el cese del fuego bilateral, la participación de la sociedad o el compromiso por parte de esa guerrilla de ponerle fin al secuestro con fines económicos.

“Congelar la mesa es una crisis innecesaria en un proceso que avanza, donde hay compromisos firmados. El Gobierno siempre ha estado dispuesto a resolver y a atender las crisis que se presentan de manera positiva”, manifestó Vera Grabe, jefa de la delegación de paz, luego del comunicado del Eln.

Aunque el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, intentó quitarles importancia a las declaraciones de esa agrupación armada, al decir que este episodio podría “significar un momento de reflexión”, siempre y cuando “no signifique un estado de hibernación”, saltan a la vista varios retos que el Gobierno y su delegación tienen al frente si pretenden tener un proceso exitoso.

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En primer lugar, ¿cómo apoyar estos diálogos regionales en los territorios sin echar por tierra los avances en el proceso que adelante con el Eln?

En su último trino, publicado en su cuenta de X, el máximo comandante de esa agrupación armada volvió a culpar al Gobierno por la crisis que vive la negociación y dijo que la propuesta de los diálogos regionales eran, supuestamente, una operación para “proteger agentes de inteligencia militar infiltrados”. Además, insinuó que no cumplirán ningún acuerdo mientras la delegación del Ejecutivo no cumpla con lo pactado.

Para esa guerrilla, el hecho de que el Gobierno, sobre todo el alto comisionado Patiño, vea con buenos ojos la posibilidad de adelantar diálogos regionales con autoridades locales y los frentes que hacen presencia en estos territorios es un incumplimiento de los acuerdos.

Sin embargo, desde que se instaló la mesa con el Eln, e incluso tras el inicio del proceso de diálogo con el ‘Estado Mayor Central’ de las Farc, los mandatarios locales le han solicitado al Gobierno acompañar las negociaciones y tener certezas sobre las infracciones al cese del fuego que ese grupo comete.

Así se lo hizo saber el exgobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga (2020-2023) al gobierno Petro cuando comenzaron los acercamientos con las disidencias, y así mismo lo solicitó Nubia Carolina Córdoba, mandataria del Chocó, tras el paro armado que decretó la guerrilla en la subregión de San Juan durante cuatro días.

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No obstante, hay que aclarar que la propuesta de los diálogos regionales no nació de la mesa. La idea surgió luego de la visita del presidente Gustavo Petro a Tumaco, el mes pasado, y de su encuentro con el gobernador Luis Alfonso Escobar.

El mandatario local dijo, en medio de la socialización del Plan de Desarrollo Departamental de Nariño el domingo pasado, que estos diálogos tenían como objetivo vincular a las comunidades en pro de la paz y que podrían comenzar con la participación del frente Comuneros del Sur del Eln en la primera semana de marzo en Samaniego. Además, que en el futuro esperaban contar con la presencia de delegados del ‘Estado Mayor Central’ de las Farc, grupo con el que el Gobierno ya tiene una mesa instalada, y de la ‘Segunda Marquetalia’, organización con la que ya se anunció una negociación.

“No, yo no me he reunido con los Comuneros del Sur. Aquí hay una equivocación. Lo que ocurrió realmente es que este frente envió un comunicado pidiendo que se les hiciera partícipes de los diálogos regionales, pues están dispuestos a participar del llamado hecho por el gobernador de Nariño”, dijo el gobernador Escobar en entrevista con EL TIEMPO.

Si bien sobre estos espacios no hay un acuerdo tácito, la delegación del Ejecutivo ha expresado su respaldo a esos encuentros e iniciativas. “El Gobierno ha definido claramente como una de sus prioridades desarrollar la paz en los territorios. En este sentido, respeta y alienta las iniciativas que mandatarios locales lideran para proteger a la población”, dijo la delegación en respuesta al Eln, aunque después aclararon que la propuesta no salió de ellos.

De hecho, el mismo Patiño mostró su respaldo cuando el pasado 17 de enero dijo que el gobernador Escobar “tenía todas las cualidades y todas las posibilidades para desarrollar ese diálogo territorial”.

En cualquier caso, para Paulo Tovar, coordinador de agenda de participación y diálogo de la Fundación Ideas para la Paz, esta estrategia le suena similar a una que ya planteó el Gobierno en la Ley 2272 (ley ‘paz total’): las regiones de paz.

“Sorprende la reacción del Eln frente al anuncio, porque dicen que ya tienen un proceso de participación nacional, y lo que identifico es que cree que puede gobernar la participación de la gente, cree que puede ser el dueño de estos espacios colectivos y eso no va a ser así. Las personas en los territorios tienen muchas cosas que decir y eso está por encima de cualquier acuerdo”, opinó el analista.

Dudas sobre su cohesión

Las declaraciones del gobernador Escobar sobre la posible participación de un frente de esta guerrilla y la posterior respuesta del comando central del Eln dejan entrever una situación que muchos analistas no dudan en considerar como los dos grandes interrogantes en esta negociación: ¿hay una cohesión verdadera en la guerrilla? y ¿realmente todos los frentes se sienten representados por la delegación que lidera ‘Pablo Beltrán’?

Para exintegrantes de ese grupo como Carlos Arturo Velandia, quien hoy se desempeña como promotor de paz, la respuesta es clara: “Sigue faltando en la mesa de negociación una representación. Una cosa es que hayan llenado una delegación con gestores de paz de varias estructuras, pero otra cosa es que una estructura haya enviado a sus propios delegados a apersonarse de las conversaciones y puedan defender los puntos de vista y sentirse que son partícipes”.

Velandia, quien fue comandante del frente ‘Domingo Laín’, dice que, por ejemplo, las estructuras de Chocó y Arauca, es decir, los frentes de guerra Oriental y Occidental, que por su operatividad y letalidad representan cerca del 70 por ciento del Eln, no están representados en la mesa.

“El Eln es una organización centralizada, pero las dinámicas regionales son más determinantes que las instrucciones que vienen desde arriba. Una instrucción general para todos se aplica de manera diferenciada en cada territorio”, explicó.
El experto agrega otro elemento que puede explicar el resquebrajamiento y la crisis que hoy atraviesa el proceso.

“El Eln no ha podido hacer desde hace mucho años su congreso máximo (en 2015 fue el último) y en este tiempo ha habido unos cambios dramáticos en el país. (...) Al Eln se le agotó su línea política para poder interpretar las nuevas realidades del país y la región”, dijo.

De hecho, sobre este punto el comisionado Patiño mencionó que Vera Grabe les ha planteado la posibilidad de que hagan un nuevo congreso. “Durante estos ocho años han pasado muchas cosas, muchas cosas han cambiado”, agregó.

Por ahora, miembros de la delegación consultados por EL TIEMPO han señalado que ven muy poco probable que este grupo se levante de la mesa o que se rompa el acuerdo de cese del fuego; sin embargo, este escenario siembra dudas sobre qué tan pronto veremos un nuevo ciclo de negociación. Hay que recordar que la séptima ronda de diálogos estaba programada para realizarse en abril, en Venezuela.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
En X: @camiloandres894