Un total de 785.905 niños menores de 5 años cumplen casi un mes sin la atención que les brindaba el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), según indicó la Contraloría General, que cuestionó el proceso de contratación que adelanta el ICBF para atender a los Centros de Desarrollo Infantil (CDI).
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En consecuencia, se anunció que la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría arrancará desde este lunes un seguimiento especial a todo el proceso de contratación.
“Según los primeros análisis de la Diari, el proceso CV-PC-008-2023SEN adelantado por el ICBF, tal como se ha adelantado hasta la fecha, rompe los principios de contratación estatal de planeación y de responsabilidad, cuyo fin es cumplir los objetivos del estado para prestar los servicios a la comunidad, en este caso concreto a una de las poblaciones más vulnerables del país”, señaló la Contraloría mediante un comunicado.
El órgano de control continuó recordando que el 28 de diciembre de 2023 se publicó el inicio del proceso para la adjudicación de contratos de aportes para CDI, Hogares Infantiles (HI), Desarrollo Infantil en Medio Familiar (DIMF), Educación Inicial Rural (EIR), con un presupuesto de $3.033.038’286.259 por una duración de 330 días, según figura en el SECOP II.
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Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor en funciones de contralor general
Mauricio Moreno. EL TIEMPO
Esa contratación es para atender 785.905 niños de 0 a 5 años, en 1.326 zonas en los 32 departamentos y Bogotá.
Se presentaron 1.417 ofertas y entre el 12 y el 17 de febrero se publicaron aproximadamente 690 reclamaciones, denuncias, recursos, subsanaciones, derechos de petición, observaciones, aclaraciones, etc., las cuales fueron contestadas en el SECOP II, en febrero 16 de 2024.
Luego, en febrero 20 de 2024 se publicó “alcance III al informe de evaluación y respuestas a 95 observaciones, reclamaciones, etc.” y se señaló que los seleccionados debían suscribir los contratos de aporte respectivos, dentro de los tres (03) días siguientes a la publicación del informe de orden de elegibilidad, es decir, los días 21, 22 y 23 de febrero; y el acta de inicio debería firmarse el 29 de febrero.
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Se anunció que la Diari de la Contraloría hará un seguimiento especial.
Milton Díaz. EL TIEMPO
De acuerdo con la Contraloría, con estas fechas “ya no se puede hablar de 330 días contratados, sino de 306 días de contratación o menos”. La entidad añadió que “es un hecho incuestionable que, de los 330 días proyectados a contratar, señalados en el SECOP II, solo se estarían contratando aproximadamente 306 días, lo que implica un daño a la población beneficiaria”.
Los cálculos del órgano de control es que siel valor total del contrato es de $ 3.033.038.286.259 por una duración de 330 días, cada día costaría $9.191.025.109, “lo cual significa que, si se llega a firmar el acta de inicio aproximadamente el 29 de febrero de 2024, por un total de 306 días, esos 23 días de diferencia equivalen aproximadamente a $ 211.393.577.527”.
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De otra parte, la entidad señaló que la emergencia se podría prolongar desde este 26 de febrero por unos 7 u 8 días hábiles siguientes, “teniendo en cuenta que hay actividades que se deben cumplir y que no dependen de la voluntad de la administración del ICBF, como es la expedición de la póliza que en muchos casos es demorada por la aprobación que las aseguradoras requieren de su oficina principal para expedirlas por los montos de las mismas”.
Es por esto que desde la Diari se anunció un seguimiento a los centros zonales que reportan su atención por medio de la base de datos RAM (Reporte de Atención Mensual), donde se identifican todos los beneficiarios que han recibido atención; mediante ese seguimiento se podrá identificar a las entidades prestadoras del servicio que presenten un bajo reporte de atención con respecto a los cupos reportados en su contrato.
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