El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, se refirió al paro armado promovido por dos grupos de las disidencias de las Farc que se está llevando a cabo en Caquetá y Putumayo.
En su declaración, el funcionario señaló que estas acciones están vulnerando los derechos fundamentales de las comunidades que hacen vida en esas zonas del país.
“Se hace imperativo que la fuerza pública recupere el control territorial en Caquetá y Putumayo debido al paro armado que tiene afectados a los moradores de Solano, Milán, Solita y Curillo, y de Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo”, dijo el defensor.
De acuerdo con la entidad, los Comandos Bolivarianos de la Frontera (grupo de la Segunda Marquetalia, estructura disidente de las Farc y cuyo comandante es ‘Iván Márquez’) y el frente Carolina Ramírez (del Estado Mayor Central, también disidente de las Farc, al mando de ‘Iván Mordisco’) “se están disputando el control territorial y social en varias zonas de los dos departamentos, razón por la que decretaron una restricción a la movilidad desde el pasado 20 de enero en los ríos Orteguaza, Caquetá y áreas aledañas”.
Estas acciones, según la Defensoría, provocó el cese de operaciones en el transporte de pasajeros, de carga y de cualquier tipo de tránsito fluvial. “Mandatarios locales hablan de un inminente enfrentamiento armado, con interposición de la población civil, lo que podría derivar en homicidios selectivos, masacres, desplazamientos masivos e individuales, aparte del confinamiento que ya fue generado”.
El defensor del Pueblo también añadió. “Estamos ante la vulneración de derechos fundamentales, como a la vida y a la integridad de las personas, a la libre movilidad, al trabajo, a la salud, a la educación, al acceso a la alimentación, entre otros. El día a día de las comunidades está paralizado. De manera que urge la superación de la grave situación humanitaria que hoy padecen las comunidades”.
Redacción Justicia En X: @JusticiaET justicia@eltiempo.com
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