La Defensoría del Pueblo mostró su preocupación por la seguridad de los funcionarios del sistema penitenciario de Colombia, a propósito del homicidio del dragoneante Carlos Andrés Sandoval Ortiz, en hechos registrados la semana pasada en Cúcuta.
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De acuerdo con el jefe de la entidad, Carlos Camargo, este crimen se suma a los 63 funcionarios del Inpec que han sido asesinados en los últimos siete años en Colombia, según datos del Ministerio de Justicia hasta agosto pasado.
“Esta situación da cuenta de la vulnerabilidad permanente a la que están expuestos quienes integran el sistema penitenciario y carcelario en el país, lo que, en consecuencia, debe ser motivo de peso para que sean puestas en marcha medidas efectivas y urgentes que propendan por la protección de los funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia y en general de todos los trabajadores estatales del Inpec”, dijo Camargo.
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La Defensoría del Pueblo insiste en que la seguridad de estos servidores públicos no puede quedar a merced de promesas vacías o anuncios mediáticos que luego se desvanezcan con el tiempo y destacó que es responsabilidad del Gobierno Nacional, a través de sus entidades pertinentes, revisar a fondo sus políticas y procedimientos en esta materia, asignar recursos adecuados, coordinar con entidades de seguridad y mejorar los protocolos de respuesta ante incidentes.
Carlos Camargo, defensor del Pueblo.
Defensoría
Además, la entidad resalta la importancia de investigar a fondo los homicidios, amenazas y atentados contra el personal penitenciario, exigiendo una acción coordinada de las instituciones gubernamentales para identificar, capturar, juzgar y condenar a los responsables.
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El defensor del Pueblo enfatiza que un esfuerzo conjunto y resultados judiciales efectivos son cruciales para disuadir futuros actos de violencia contra el personal penitenciario y reafirmar el compromiso del Estado con su seguridad y bienestar.
En su papel de garante de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo señaló que continúa respaldando y acompañando a los servidores públicos del sistema penitenciario en su ardua labor, enfrentando condiciones adversas para preservar los derechos fundamentales de los ciudadanos en reclusión en Colombia.
Redacción Justicia
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