El año pasado se registraron en el país 154 eventos de desplazamiento forzado masivo, lo que representa un incremento del siete por ciento frente al mismo periodo del 2022, cuando se reportaron 144 eventos.
(Lea: El dossier de los temidos ‘reyes’ del paseo millonario en Bogotá)
Según la cifras de la Defensoría del Pueblo, la mayor parte de los desplazamientos registrados el año pasado tuvieron ocurrencia en cinco departamentos. El mayor número de casos se registró en Nariño, con 38 por ciento de los eventos; seguido por Chocó (12 por ciento), Antioquia y Valle del Cauca (10 por ciento) y Cauca (8 por ciento).
El informe del organismo humanitario no solo evidencia el aumento de los casos de desplazamiento, sino también los de confinamientos. El año pasado fueron reportados 215 eventos, lo cual representa un incremento del 63 por ciento respecto al 2022, cuando se registró un total de 132 casos de confinamiento.
(Le invitamos a leer: El debate por posibles efectos de renegociación de extradición entre Colombia y Francia)
De nuevo aparecen como los principales afectados de esos hechos de violencia las comunidades más vulnerables de departamentos como Chocó, con 123 eventos; Putumayo, con 22, y Nariño, con 21. El 30 por ciento de los eventos de confinamiento, dice el informe, han afectado a comunidades negras; el 50 por ciento, a población indígena, y el 30 por ciento restante de los eventos, a la población campesina, tanto en el 2022 como en el 2023.
En los departamentos con más afectaciones de confinamientos y desplazamiento forzado hay fuerte presencia de grupos ilegales como el Eln, las disidencias de las Farc y el ‘clan del Golfo’, que ahora se hacen llamar ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (Agc), con quienes el Gobierno ha adelantado acercamientos de paz.
Desplazados en Antioquia.
Cortesía
De hecho, el informe de la Defensoría cuestiona que “se advierte con gran preocupación que a pesar de contar con unos decretos de cese bilateral y temporal del fuego con ciertos grupos armados ilegales y estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, estos esfuerzos por parte del Gobierno Nacional no han garantizado el pleno goce de los derechos humanos de las comunidades más vulnerables, así como la aplicación de los principios del derecho internacional humanitario, puesto de manifiesto en el elevado número de eventos de riesgos de desplazamientos y/o confinamientos, de desplazamientos forzados masivos y de confinamientos que tuvieron ocurrencia en el año 2023”.
(Además: Nuevo presidente de la Corte dice que el sistema penal está colapsado y propone salidas)
Y a la presencia de esos ilegales que se disputan el control territorial, dice el informe, se suman factores como que “la mayoría de los municipios carece de un presupuesto que logre garantizar los derechos de estas comunidades que de manera recurrente están inmersas en emergencias humanitarias, ya sea porque se desplazan masivamente o se confinan”, por lo que las comunidades no están siendo atendidas con la suficiente inmediatez y las ayudas humanitarias se entregan de manera tardía.
La Defensoría añadió que la mayoría de los municipios en el país carecen de albergues para la atención de la población desplazada, “lo cual es producto en muchas ocasiones de que los entes territoriales carecen de planes actualizados de prevención y contingencia”. En este sentido, el organismo llamó la atención para que, por ejemplo, se incrementen los presupuestos para el impulso a los programas de vivienda para la población desplazada.
“Muy lejos de disminuir, el desplazamiento forzado masivo es una realidad que en Colombia sigue aumentando y no tiene el impacto mediático como en otros países. En nuestros territorios se repite, dejando un dolor familiar y un daño social difíciles de solucionar. Hoy quiero llamar la atención del país porque en el 2023 fueron 54.665 personas las que debieron abandonar sus hogares como víctimas de este flagelo, en 17 departamentos”, alertó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Hombres armados en la región.
Archivo EL TIEMPO
Avances y deudas
Las graves cifras humanitarias se conocen una semana después de que la Corte Constitucional realizó varios actos para conmemorar los 20 años de la histórica sentencia que declaró el estado de cosas inconstitucionales (ECI) para el fenómeno del desplazamiento.
(También: Policía Nacional lanza convocatoria para formar parte del escuadrón Undmo)
La magistrada Natalia Ángel Cabo, en entrevista con este diario, reconoció los avances que se han logrado con esa sentencia, pero también los temas pendientes.
“Una de las cuestiones que más preocupan es que si bien el número de desplazados internos por el conflicto armado venía en descenso desde el 2005, en los últimos años este fenómeno está nuevamente creciendo, al igual que el del confinamiento. Por eso considero que la rememoración de la expedición de la sentencia tiene que servir como un llamado sobre la necesidad de redoblar esfuerzos para superar el ECI y garantizarle a la población desplazada soluciones duraderas. No se nos debe olvidar que los desplazados siguen enfrentando enormes vulnerabilidades”, dijo la magistrada.
La magistrada de la Corte Constitucional, Natalia Ángel posa en entrevista para El Tiempo.
César Melgarejo/ El Tiempo
Jorge Iván Cuervo, profesor e investigador de la Universidad Externado, señaló que, a medida que se ha transformado el conflicto armado en Colombia, como consecuencia del acuerdo de paz con las Farc, también se han transformado el desplazamiento y las causas de este.
(Además: JEP negó la garantía de no extradición a exFarc vinculado con cargamentos de coca)
“Creo que antes, en una primera fase, el desplazamiento era relacionado directamente con el conflicto armado, en el sentido de que actores como los grupos paramilitares, las Farc y muchísimo menos el Estado tenían como objetivo deliberado desplazar comunidades enteras, con propósitos no solo estratégicos de control territorial, sino también como estrategia comercial”, dijo Cuervo tras señalar que ahora los ilegales no se enfrentan al Estado, “y lo que hacen es tener una estrategia de control coercitivo de esos territorios y de las comunidades”.
A su turno, Luis Fernando Trejo, profesor del programa de Ciencias Políticas de la Universidad del Norte, consideró que, en el marco de la ‘paz total’, “esta política ha creado incentivos no intencionados para que los grupos armados puedan expandir sus zonas de control territorial, ya que los ceses del fuego bilaterales solamente se centran en detener la violencia entre el Estado y los grupos armados”.
Los albergues en el municipio de Roberto Payán no son suficientes para la cantidad de familias que han llegado, razón por la cual también se han instalado en las calles.
Santiago Valenzuela. Médicos Sin Fronteras
Mauricio Valencia, investigador nacional de la Fundación Paz y Reconciliación, señaló que las negociaciones que se llevan a cabo con grupos armados, en varios territorios, “han incidido en la disminución de este fenómeno”, según cifras del registro Único de Víctimas.
“Los decretos de cese al fuego y los mecanismos de veeduría han hecho que, en medio de la tensa calma, estos fenómenos hayan disminuido, aunque es algo que no se puede relacionar con certeza la incidencia, pero lo más factible es que así sea”, dijo Valencia.
(Le sugerimos leer: Director de la Policía citó a cumbre de comandantes de todo el país ¿Cuál fue el tema?)
Y Carlos Charry, sociólogo y experto en temas políticos, coincidió en que el aumento de desplazamientos y confinamientos explica las transformaciones que se vienen dando en el conflicto armado en el país.
“El tema no es hacer acuerdos de paz con los principales actores armados, porque no se está demostrando ni garantizando protección y resguardo a las poblaciones, y más bien lo que se está viendo es el enfrentamiento por el control de los territorios”, dijo Charry tras plantear un enfoque más territorial de las negociaciones de paz para garantizar que realmente quienes están teniendo acercamientos con el Gobierno cumplan con unos mínimos iniciales que garanticen la protección de la población civil y el respeto por sus derechos fundamentales.
Carlos Camargo, defensor del Pueblo.
Cortesía Defensoría del Pueblo
Defensoría del Pueblo: ‘Hay que trabajar en prevención de este fenómeno’:
¿Qué llamado hace ante el incremento de este flagelo?
Muy lejos de disminuir el desplazamiento forzado masivo, es una realidad que en Colombia sigue aumentando y no tiene el impacto mediático como en otros países. En nuestros territorios se repite dejando un dolor familiar y un daño social difícil de solucionar. Quiero llamar la atención del país, porque en el 2023 fueron 54.665 personas las que debieron abandonar sus hogares como víctimas de este flagelo en 17 departamentos, es decir, hubo 154 eventos de tal naturaleza, un aumento del 7 por ciento en comparación con 2022, cuando fueron registrados 144. A ello se suma el confinamiento que afectó a 18.356 familias.
¿Qué recomendaciones se dan desde la Defensoría para reducir las cifras de este fenómeno?
No solo es reaccionar para poder atender a las víctimas, como recomendación clave que formulamos como Defensoría del Pueblo, sino que hay que trabajar en prevención de este fenómeno para que no haya más desplazados y confinados.
En concreto, ¿qué acciones propone desde la entidad?
Esto se hace frenando las acciones violentas de los grupos armados ilegales en los territorios que afectan a las comunidades, como la expansión de cultivos de uso ilícito, la disputa territorial, los asesinatos, secuestros, extorsiones, trata de personas, reclutamiento de menores, las amenazas a líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de paz.
Redacción Justicia:
En X: @JusticiaET
Más noticias de Justicia:
ACCEDE A CONTENIDO EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES
No te quedes solo con esta información.
Lee, explora y profundiza más.
¡Suscríbete ya!
COP $ 900 / MES *Si ya eres suscriptor del impreso, actívate
Comentar