Aunque los ajustes que el Gobierno le hizo al programa Mi Casa Ya (Decreto 490 de 2023) tienen buenos propósitos que se relacionan principalmente con las condiciones de acceso por parte de las familias a los beneficios de dicha iniciativa, el mismo está causando efectos sobre la entrega de subsidios para que las personas de más bajos ingresos puedan tener su vivienda propia, según lo advirtió la Contraloría General de la República (CGR).
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El ente de control señaló que, luego de analizar los cambios realizados por el Gobierno a ese programa, identificó una serie de situaciones que pueden poner en riesgo la dinámica del sector de la construcción, entre estos, menores asignaciones en el programa, lo que no estaría contribuyendo a la reducción del déficit habitacional, ni a la provisión de una solución efectiva de vivienda a la población más necesitada.
Según Camacol, al cierre de enero pasado las ventas de viviendas de interés social (VIS) y las no VIS, registraron una caída anual cercana al 80 por ciento anual, mientras las iniciaciones y lanzamientos cayeron a ritmos del 75,5 y el 76,8 por ciento anual, respectivamente.
La Contraloría reconoce la buena intención del Gobierno de querer mejorar los
procesos de focalización en la asignación de subsidios, pero dijo que esos ajustes han generado inconvenientes.
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Vivienda de interés social con 'Mi casa ya'.
EL TIEMPO
Según los hallazgos de la CGR, si bien el Gobierno busca priorizar a los municipios de categoría 5 y 6 (los más pobres), en zona rural y para las categorías más bajas de Sisbén, entre otras variables, independiente de la categoría la persona debe demostrar la capacidad financiera para acceder a un crédito, pero además, requiere contar con recursos para pagar el valor de la vivienda que se financiará.
Así las cosas, "la población con mayores oportunidades de ser beneficiarios, pueden no lograr obtener el subsidio por su bajo nivel de ingresos", señala el ente de control, al tiempo que advierte que con ese escenario para que una familia pueda acceder a una VIP, debe tener ingresos de al menos 1,88 millones de pesos, pagar una cuota de 741.000 o (525.000 pesos por 7 años con el beneficio de la tasa Frech), aportar el 20 por ciento del valor de la vivienda como cuota inicial (23,4 millones), "lo que resulta difícil en condiciones normales para una familia que tiene ingresos ligeramente superiores a 1 salario mínimo mensual legales vigentes".
Impactos
Edificio de la Contraloría.
Milton Diaz / El Tiempo
La CGR señala que los cambios impulsados, pudieron incidir en una disminución de la demanda de viviendas VIS y VIP, con lo cual no solo es posible que se haya obstaculizado el acceso a una vivienda digna, sino que también que esto influya en la contracción del sector de la construcción, en el crecimiento económico y la generación de empleo.
Advirtió también que la Resolución 0101 de 2024 expedido por el Ministerio de Vivienda, con la que se establecen los modelos de operación de asignación y preasignación al programa Mi Casa Ya se reduce el requisito de avance de obra del 85 al 70 por ciento.
"En otras palabras, dice la Contraloría, la resolución deja claro que la aplicabilidad del Decreto 490 es solo para Viviendas de Interés Prioritario (VIP), dejando sin el beneficio a las familias que pretenden tener vivienda propia en el segmento VIS y con ello, limitando la estimulación económica que el sector de la construcción podría recibir por la edificación de estas viviendas", precisa la CGR.
La CGR destaca que las modificaciones realizadas al Decreto 1077 de 2015,
afectaron la entrega de subsidios de Mi Casa Ya en 2023, los cuales se redujeron 22,4 por ciento anual, significa que se dejaron de entregar 15.000 subsidios el año pasado.
Con corte al 16 de febrero dichos subsidios muestran un avance de 5,8 por ciento, se han asignado 2.905 de los 50.000 que tiene como meta el Gobierno entregar este 2024, y recordó que en la vigencia 2023, entre enero y febrero se asignaron 73 subsidios, mientras que en 2022 en esos mismos meses se asignaron 15.853 subsidios.
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