El proceso de la licitación del contrato de los pasaportes dio un giro de 360 grados. Volvió al punto en el que se desató inicialmente la controversia el año pasado.
De forma sorpresiva, ayer se conoció una resolución firmada por el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, con la cual finalmente se le adjudicó el contrato de la producción de estos documentos a la empresa Thomas Greg & Sons.
(Puede ver: ‘Es resultado de cumplir la Constitución’: secretario Cancillería tras insubsistencia)
La decisión implicó un completo revés del Gobierno, pero además fue una determinación contraria a lo que siempre buscó el presidente Petro, quien insistió en que era necesario hacer un proceso nuevo porque en su administración “no se amañan pliegos para predeterminar ganadores”.
Presidencia siempre defendió la tesis de que las condiciones favorecían a Thomas Greg. De hecho, esa fue la razón por la que el canciller suspendido, Álvaro Leyva, declaró desierta la licitación el año pasado, estableció la urgencia manifiesta e inició un nuevo proceso licitatorio.
El secretario general de la Cancillería José Antonio Salazar y el canciller Álvaro Leyva.
Cancillería
La resolución de ayer, sin embargo, tumba esas decisiones de Leyva, pues, según el documento, el proceso inicial –que se declaró desierto– sí estuvo apegado la ley.
Uno de los argumentos que señaló Salazar es que “el proceso licitatorio se adelantó con la observancia de todas las normas legales previstas para la contratación pública, teniendo en cuenta además que el artículo 6.º del Decreto Ley 20 de 1992 establece que los actos y contratos que celebre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores se regirán por las normas del derecho privado (...)".
(Además: 'El secretario general de Cancillería nos traicionó': Petro por contrato de pasaportes)
Por otro lado, la Secretaría General indica que las reglas “de requisitos habilitantes y las reglas de ponderación de las ofertas previstas en el Pliego de Condiciones del proceso de selección fueron justas, claras y completas”. Igualmente, se hizo énfasis en que hubo un “carácter objetivo para la participación de los oferentes, y los requisitos habilitantes y de ponderación o puntaje” siguiendo las directivas previstas en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993.
El Ministerio reiteró que el Comité Evaluador recomendó, en su momento, adjudicar el contrato a Thomas Greg, pues lo consideró “idóneo para la ejecución del contrato”. De paso, Salazar ratificó que Thomas Greg –la empresa a la cual la Cancillería le dio el contrato mientras se adelantaba el nuevo proceso– obtuvo una calificación perfecta de 1.000 puntos.
La controversia
La decisión de Salazar tomó por sorpresa al presidente Petro, quien no ocultó su molestia por lo ocurrido. “El secretario general de la Cancillería nos ha traicionado”, sostuvo. Luego aseguró que Salazar se debe apartar de su cargo: “Se firma su insubsistencia inmediata”.
El jefe de Estado catalogó el contrato como “corrupto” y dijo que hay una “monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada. Toda la investigación penal debe desarrollarse”, concluyó.
Ayer en la noche se conoció el decreto con el que se oficializó la declaración de insubsistencia de Salazar.
El canciller Álvaro Leyva separó del proceso a su secretario general, José Antonio Salazar.
Archivo particular
En el documento, que está firmado por el vicecanciller Francisco Coy, se designó como encargada de la Secretaría General a Paola Andrea Vásquez Restrepo,
(También: Este es el decreto con el que se declaró insubsistente al secretario de la Cancillería)
El también embajador, por su parte, el pasado viernes este le reasignó a Salazar las funciones para dirigir la nueva licitación, que ya estaba en su etapa de revisión de comentarios al primer pliego.
Ese día, el ministro (e) también suspendió el proceso argumentando que necesitaban tiempo para analizar las observaciones de los interesados.
Esto le dio potestad al secretario de retomar el liderazgo que perdió el año pasado, cuando Leyva lo apartó del proceso, pues su postura siempre fue la de adjudicar el contrato, contrario a lo que pedía el primer mandatario.
Tres días después de la reasignación de funciones, Salazar ordenó retomar el proceso inicial y adjudicarlo al actual contratista.
Su medida, al parecer, también tomó por sorpresa a Murillo, pues mientras se desató la tormenta política en el país por la resolución, él se encontraba en Ginebra (Suiza), asistiendo al 55.º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Al cierre de esta edición, no se había pronunciado al respecto.
El plan inicial del ministro encargado era tomarse un tiempo prudente para poder estudiar los comentarios de algunas empresas, la cuales indicaron que pese a los cambios que hubo en el pliego, había requisitos que, según ellos, continuaban favoreciendo a Thomas Greg. Pero la resolución de Salazar cambia todo el panorama.
Álvaro Leyva, el presidente Gustavo Petro y Luis Gilberto Murillo.
X @LuisGMurillo
Tanto así que ahora hay inquietud por lo que pasará con el contrato, el cual quedó contemplado por un valor de 599.651’582.571 pesos y con fecha de ejecución hasta el 31 de julio de 2026. Las dudas surgen, especialmente, por la posición que asumió el jefe de Gobierno.
Para el jurista Camilo Gómez Alzate, quien fue director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
(También: Atención: Cancillería le adjudicó el contrato de los pasaportes a Thomas Greg & Sons)
Según Gómez, este proceso se convirtió en “un interés personal, más que por la aplicación de las normas de contratación”.
Jorge Tirado, abogado y exdirector de la Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, expone que la medida de la Secretaria General se puede interpretar como una forma para mitigar responsabilidades precontractuales.
De acuerdo con el jurista, en este caso lo que se hizo fue “adjudicar un contrato para minimizar eventuales responsabilidades contractuales que se hubieran podido derivar de la reticencia de adjudicar y celebrar un contrato estatal con un proponente que había presentado oferta y que estaba plenamente habilitado para celebrar el contrato”.
(Además: Alexander López ya asiste a consejos de ministros aunque no ha sido nombrado en DNP
Por último, destacó que, por principio, el contrato adjudicado ayer es “irrevocable, salvo algunas excepciones mínimas”.
Salazar, por su parte, argumentó que su decisión entra a regir con su expedición, pero denunció que fue bloqueado del Secop II y que, por ende, no se pudo publicar la resolución en la plataforma.
Al cierre de esta edición, Presidencia no había anunciado alguna acción jurídica para frenar el contrato.
¿Y Leyva?
La defensa del canciller Leyva, quien enfrenta un juicio disciplinario actualmente en la Procuraduría por este caso, la semana pasada le envió una carta al Ministerio Público solicitando revocar la suspensión provisional. Argumentaron que como el proceso de la licitación pasó a manos de Salazar, a través de la Resolución 1344 de 2024, “desaparecieron los motivos que dieron origen” a la medida cautelar.
Hasta el momento, la Procuraduría no ha respondido a dicha solicitud y se tiene previsto que esta semana se fije la nueva cita en la que se iniciará el juicio disciplinario.
El Ministerio Público negó la recusación que interpuso su defensa para que el proceso cambiara de despacho y, por ende, el proceso se reiniciaría ante el mismo procurador.
Comentar