Todas las acciones que el Gobierno Nacional ha emprendido para llevarles agua a decenas de rancherías indígenas en la desértica Guajira han sido destacadas local e internacionalmente. Decretos de emergencia, alianzas con privados y presupuestos reforzados hacen parte del despliegue de las políticas públicas que auguran resultados en corto tiempo.
Eso constituye, sin duda, un alivio para esas comunidades, largamente esperado.
Sin embargo, lo que se ha venido destapando en la gestión que adelanta la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para adquirir un centenar de carrotanques que transporten el líquido tiene desconcertado al país.
Lo que empezó por un supuesto abandono de 40 de esos vehículos por un mes en un batallón en Manaure, sin que llevaran una sola gota de agua, se convirtió en un expediente judicial, fiscal y disciplinario luego de que la Unidad Investigativa de EL TIEMPO reveló el monto de la compra y el singular proveedor. Un joven expendedor de abarrotes y elementos de ferretería terminó negociando los carrotanques por 46.800 millones de pesos y se alista a entregar 20 más.
Y ahora el exsubdirector de esa entidad, declarado insubsistente por supuestas irregularidades en las llamadas ollas comunitarias, asegura que, en aras de la transparencia contractual, él se había negado a autorizar la compra de otros vehículos al mismo proveedor.
Hay demasiadas inquietudes en los contratos de los carrotanques. Es necesario que haya un pronunciamiento de fondo y resultados en las pesquisas.
Todo lo que se ha descubierto hasta el momento pinta mal. Por ejemplo, que los contratos que la UNGRD está firmando, haciendo uso de facultades especiales, no sean públicos y que la prensa tenga que ser la encargada de buscarlos y visibilizarlos.
En estos casos, en los que la contratación es directa y expedita, es cuando debe haber más ojos supervisando la asignación de los recursos del erario y más transparencia en la contratación.
En el entretanto, otro reto es garantizar que los carrotanques cumplan eficientemente la misión vital para la cual fueron destinados. La UNGRD ya puso en funcionamiento 10 de estos vehículos para que lleven agua a las ardientes rancherías. Ese objetivo, que implica garantizar la vida y combatir la pobreza, es el que ha llevado al Ministerio de Vivienda a diseñar un plan para rehabilitar 39 sistemas de agua potable en el departamento –recientemente puso en operación uno en la Alta Guajira– y es también uno de los propósitos que anima a Misión La Guajira, la alianza de Prosperidad Social y Grupo Aval, con el apoyo de La W y Grupo Prisa.
Todas las iniciativas que tengan ese objetivo son necesarias. El Gobierno actúa de forma correcta al darles prioridad. Por eso, en el caso de los carrotanques debe haber un pronunciamiento de fondo sobre lo que está pasando en la UNGRD.
Las investigaciones deben avanzar con prontitud. Resolver todas las dudas y corregir lo que haya que corregir contribuirá a fortalecer el importante propósito presidencial de erradicar, de una vez por todas, la sed de La Guajira.
EDITORIAL
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