La decisión de la Cancillería colombiana de adjudicar la polémica licitación de suministro de pasaportes y visas al grupo UT pasaportes-2023, de la que hace parte Thomas Greg, no es la única decisión que impacta al suspendido canciller Álvaro Leyva Durán.
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La trascendental decisión, que incluso va en contra de las instrucciones del presidente Gustavo Petro de no entregar licitaciones públicas cuando hay un solo oferente, se produce a tan solo doce días de la llegada al Palacio de San Carlos de Luis Gilberto Murillo como canciller encargado.
José Antonio Salazar, secretario general de la Cancillería y mano derecha del canciller Álvaro Leyva.
Cancillería
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Presidencia
Fuentes de la Cancillería le dijeron a EL TIEMPO que aunque la adjudicación del contrato está firmada por el secretario general José Antonio Salazar (escudero de Leyva), es claro que la decisión no se tomó de manera autónoma. Sin embargo, el Presidente ya la calificó como una traición al Gobierno por parte de Salazar.
Al que sí tomó por sorpresa la adjudicación de la licitación fue al presidente Gustavo Petro, quien a través de sus redes se pronunció sobre el caso.
"El secretario general de la cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todo los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada. Toda la investigación penal debe desarrollarse.", señaló el presidente Petro.
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Salazar ya reaccionó al trino del Presidente y dijo que él tomó una decisión conforme a la ley, que hay que cumplir la constitución y la ley y que no es cierto que se haya hecho una licitación sastre a la medida de Thomas Greg: "Había que adjudicar el contrato por respeto a la ley de contratación estatal", le dijo a Caracol Televisión. Y señaló que una funcionaria de Cancillería le bloqueó, de manera arbitraria, todo acceso a información de la Cancillería y que echará mano de todos los recursos legales para no ser retirado de la secretaría general.
Sin embargo, lo que llama la atención es que desde el pasado viernes se ordenó frenar la segunda licitación y reincorporar como cabeza del proceso a Salazar, quien había sido removido por el propio Leyva.
El presidente Gustavo Petro aseguró que se firmará la insubsistencia de Salazar.
X: @petrogustavo
Movimiento de sus fichas
Pero entregar una millonaria licitación que Leyva frenó y declaró desierta y que hoy lo tiene enfrentando un juicio disciplinario, no es la única decisión que se ha tomado en el Palacio de San Carlos que impacte al suspendido funcionario.
Fuentes de la Cancillería confirmaron que se han movido a varios de los alfiles de Leyva que tuvieron participación en el tema de la frustrada licitación de pasaportes.
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El primero en salir fue Juan Carlos Losada Perdomo, director de asuntos jurídicos internacionales de la Cancillería, quien apoyaba la declaratoria de desierto del proceso. Se trata del mismo funcionario que se encontró en París con Jorge Leyva, hijo de Álvaro Leyva.
También salió Eduardo Alexander Franco Solarte, subdirector del área administrativa y financiera. Y aunque versiones iniciales aseguraban que se iba a mover a Panamá a Silvia Carrizosa, amiga de Jorge Leyva y directora de Talento Humano, EL TIEMPO estableció que la funcionaria sigue en su cargo.
Salvavidas judicial
Lida Rodríguez, coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos.
Cancillería
Además, salió de la Cancillería Lyda Magali Rodríguez, asistente de la secretaría General y coordinadora de contratación.
Aunque en Presidencia aún no se han pronunciado sobre el cambio radical frente a la licitación que se le entregó al grupo de Thomas Greg, allegados a Leyva le dijeron a EL TIEMPO que algunos lo interpretan como un salvavidas al suspendido canciller.
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"Con la adjudicación de la licitación se cae automáticamente la millonaria demanda que interpuso Thomas Greg por 117 mil millones de pesos y se caen las investigaciones contra Leyva", aseguró un allegado al caso.
Luis Gilberto Murillo, embajador y canciller encargado.
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Sin embargo, fuentes enteradas del proceso manifestaron que las presuntas violaciones a la ley 80 y decisiones contrarias a la ley que se le endilgan a Leyva se cometieron dentro del proceso licitatorio y no se borran con la adjudicación del contrato.
(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)
Incluso, asegura que los movimientos de alfiles de Leyva dentro del Palacio de San Carlos pueden interpretarse como una ratificación de Murillo en ese cargo.
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