La fuga de 13 presos en el Centro de Traslado por Protección de la Minorista —que dejó un policía asesinado y otro uniformado herido— y el intento de asonada de 148 reclusos en la estación de Policía Belén San Bernardo pusieron en evidencia el complejo panorama que enfrentan actualmente los centros transitorios de reclusión de Medellín. 

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El alto hacinamiento carcelario, que hoy supera el 215 por ciento, según datos de la Personería de Medellín, tiene en jaque a las autoridades locales que aún no cuentan con una cárcel destinada exclusivamente a la reclusión de personas sindicadas por diferentes delitos en la capital antioqueña.

La agencia del Ministerio Público señaló que en la ciudad "hay niveles de hacinamiento desbordados" en estaciones de Policía, Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía y salas de paso. A la fecha, 1.896 personas se encuentran vinculadas a procesos judiciales a la espera de una sentencia en Medellín.

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"Tenemos situaciones muy problemáticas como la URI y la Sijín donde el porcentaje de sobrepoblación está por encima del 1.600 por ciento, toda vez que allí solo se pueden tener 33 personas y hoy hay más de 300", aseguró Mateo Gómez, personero delegado penal, familia y convivencia.

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Para la Personería de Medellín, el hacinamiento carcelario no solo constituye una violación flagrante de los derechos humanos, sino que también representa un riesgo significativo para la salud y la seguridad de los internos. Según Gómez, algunos privados de la libertad tienen menos de 50 centímetros cuadrados para habitar y no cuentan con la posibilidad de recibir visitas familiares y conyugales. 

"Se están viendo con calor, se están viendo desprotegidos, no les entra el sol en muchas oportunidades. Las situaciones sanitarias no son las mejores. Hay personas que empiezan a sufrir unos niveles de estrés bastante altos. Considero que pueden ser estos detonantes los que están haciendo que estas personas busquen, ante el menor descuido, tratar de fugarse", explicó el personero delegado. 

La situación es crítica en la mayoría de estaciones de Policía de la ciudad que cuentan con altos niveles de hacinamiento: Manrique (790 por ciento), Belén (660 por ciento), Buenos Aires (640 por ciento), Villa Hermosa (470 por ciento), Doce de Octubre (467 por ciento), San Javier (390 por ciento), Castilla (324 por ciento), La Candelaria (321 por ciento) y Santa Elena (300 por ciento).

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"Aquí llevamos 11 largos años de hacinamiento carcelario, donde convirtieron las estaciones de policía en cárceles, cuando la misionalidad de la Policía no es vigilar y custodiar a personas privadas de la libertad", expresó Jorge Carmona, defensor de derechos humanos de la población privada de la libertad en Antioquia, 

En el mismo sentido, el personero delegado Gómez indicó que "esta situación no solo va en contravía de los derechos humanos de la población privada de la libertad, sino además de aquellas personas que sirven como sus custodios que son personal adscrito a la Policía Nacional". 

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La compleja problemática de los centros transitorios de reclusión evidencia que a la fecha, en Medellín, no se ha dado cumplimiento a las órdenes impartidas por la Corte Suprema de Justicia en una sentencia de 2019.

"Es una problemática que tiene unos dolientes y culpables. La Corte ordenó en octubre de 2019 que se trasladaran todos los privados de la libertad que se encontraban en salas de paso a un sitio donde la administración de Medellín los tuviera porque son su responsabilidad. Aquí no se ha cumplido eso", apuntó Cardona.

Apenas el año pasado, la alcaldía de Medellín dio inicio al proyecto de construcción —a través de una alianza público privada— de la cárcel de sindicados que estará ubicada en el corregimiento de San Cristóbal. Se espera que las obras se pongan en marcha antes de finalizar el primer semestre de este año.

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Para el alcalde Federico Gutiérrez lo ocurrido el viernes en la Minorista —que ya dejó a una persona recapturada— y el intento de fuga este lunes en Belén San Bernardo "pone en evidencia el fracaso del sistema carcelario en Colombia".

Según el mandatario, si bien los sindicados son responsabilidad de los municipios, aún hay condenados en las estaciones de policía que no han sido trasladados a penitenciarías a cargo del Inpec. "Hay un sobrecupo en estaciones de policía y en los centros de reclusión", aseguró Gutiérrez. 

Y agregó: "Sitios que no son realmente adecuados para tener las personas privadas de la libertad están generando unos problemas inmensos y nos quitan operatividad porque son cientos de policías en las estaciones. El Gobierno Nacional deben intervenir en ese tema con los gobiernos locales". 

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La Personería de Medellín instó a las autoridades a tomar medidas "inmediatas y efectivas" para abordar el problema del hacinamiento carcelario en los centros de detención transitoria de Medellín.

"Es necesario implementar políticas integrales que incluyan en el avance de la construcción de la cárcel metropolitana y es imperativo que se tomen acciones concretas y decisivas para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de toda la población privada de la libertad", puntualizó la agencia del Ministerio Público.

SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR
CORRESPONSAL EL TIEMPO - MEDELLÍN
Escríbanos: sebbol@eltiempo.com
En X: @sebascarvajal28