Hasta el pasado viernes, por orden del suspendido canciller Álvaro Leyva, el secretario general de la cancillería, José Antonio Salazar, estaba relegado de los procesos contractuales de la Cancillería vinculados al tema de pasaportes.
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Sin embargo, el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, le volvió a otorgar las facultades contractuales que acaban de desatar una tormenta política y judicial en el gobierno Petro.
Mientras Murillo se desplaza a Ginebra (Suiza) Salazar entregó la millonaria licitación de pasaportes al grupo UT Pasaportes 2023, del que hace parte Thomas Greg, llevando al propio presidente Petro a asegurar que había traicionado a su gobierno y a pedir que fuera declarado insubsistente de manera inmediata.
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Aunque pocos saben quién es el hombre que está desafiando la instrucción del presidente Petro de no adjudicar licitaciones donde haya un solo oferente, en círculos políticos y legales Salazar es una figura reconocida.
Su hermano, Ariel Salazar fue magistrado de la Corte Suprema de la sala civil y él, gobernador encargado del Amazonas, (en la administración de Belisario Betancur) y miembro de la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes cuando ocupó una curul en el Congreso a nombre del Partido Conservador en alianza con la Unión Patriótica.
Además, fue conjuez del Tribunal Superior de Bogotá, y es oficial de la reserva de la Fuerza Aérea Colombiana en el grado de mayor, grado al cual fue ascendido durante el gobierno Petro.
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Sin embargo, donde más reconocimiento ha obtenido es en su rol de abogado litigante egresado de la Universidad de Caldas, en donde ha ganado sonados procesos.
Fue en el partido conservador donde conoció a Álvaro Leyva Durán y a su familia. Fue él quien lo llevó a la Cancillería y lo protegió a pesar de los señalamientos que llegaban desde Casa de Nariño de supuesta corrupción en la licitación de pasaportes.
A Salazar se le conocen propiedades en Puerto López (Cauca), Bogotá, Girardot y Facatativá.
Sin facultades
Salazar aseguró que una funcionaria de la Cancillería le impidió el acceso a las plataformas públicas. Por esa razón no alcanzó a subir la resolución en la que le adjudicó la millonaria licitación al grupo de Thomas Greg.
Sin embargo, personas cercanas al caso dicen que la decisión se puede dar por notificada y que si el Gobierno la quiere tumbar deberá iniciar un proceso en lo contencioso-administrativo.
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Hasta ahora, el canciller encargado Luis Gilberto Murillo no se ha pronunciado sobre lo sucedido.
EL TIEMPO estableció que Salazar habría alcanzado a notificar a Thomas Greg de la adjudicación del millonario contrato.
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